CORRUPCION
El negocio del desmonte: “Luciano Olivares es un engranaje fundamental en las maniobras delictivas”
Así lo denunció ante la Justicia Federal de Resistencia la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En el marco de la presentación contra lo que denominaron “la mafia del desmonte”, apuntaron contra el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor del ministerio de Producción, Luciano Olivares, a quien lo acusan de otorgar premisos de desmontes en zonas que no correspondían, de direccionar fondos cuyo destino se desconoce y de ser uno de los cerebros detrás de la última actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), al que señalan como regresivo e inconstitucional.
Luciano Olivares es uno de los pocos funcionarios que sobrevivió a los gobiernos de Jorge Capitanich y Domingo Peppo y que logró reciclarse en la gestión radical. El exsubsecretario de Desarrollo Forestal ahora es asesor del ministro de Producción, Hernán Halavacs, un viejo conocido a quien le otorgó una enorme cantidad de autorizaciones para desmontes en los últimos años, en los tiempos en que Halavacs gestionaba permisos para deforestar, a pedido de empresas, desde su consultora “Hiula”. Quien piense mal diría que es una forma de pagar favores del pasado. Quien piense bien dirá, por el contrario, que la experiencia de Olivares sobre la cuestión ambiental fue reconocida, más allá de la cuestión partidaria.
Entre los mal pensados se encuentra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA). Esta asociación, que tiene como cara visible al abogado, Enrique Viale, incluyó a Olivares en la denuncia que presentó el 3 de julio pasado ante la Fiscalía Federal de Resistencia en donde solicitaron a la Justicia que “investigue y desarticule” a la “Mafia del Desmonte de Chaco”, un complejo entramado que involucra a funcionarios y empresarios que conformarían “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.
Además de Olivares, la denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina incluye al actual ministro de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs; al exdirector de Bosques del Chaco de la gestión Capitanich, Miguel Angel López; a los poderosos empresarios madereros de Los Frentones, Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk, y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk –al que señalan como principal transportista forestal de la provincia-, y Juan José Bergia –con amplia influencia en la explotación de la reserva indígena de la Asociación Meguesoxochi-.
La presentación se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco. Según aseguran desde esa organización, la normativa permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”. Denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”, conformada por funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.
“Olivares es el saliente Subsecretario de Desarrollo Forestal, que ocupó ese rol durante tres gestiones de gobierno y era quien le otorgaba permisos de desmonte a su actual jefe Halavacs a quien acompaña ahora en la gestión pública como asesor Legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs junto a quien impulsó el ilegal proyecto del nuevo OTBN”, denunció la AAdAA.
“Directa y activa”
La asociación indicó que Olivares tuvo intervención “directa y activa” en la elaboración del OTBN, organizando audiencias públicas cuya nulidad fuera expresamente demandada por la Defensoría Oficial del Poder Judicial en representación del Parlamento Indígena de la Provincia por no respetar la Consulta Previa Libre e Informada ni el Convenio 169 de la OIT, siendo desarrolladas en lugares extremadamente parciales como la sede de la Asociación Empresaria Forestal de Juan José Castelli.
Afirmó también que participó de la maniobra que incorporó “datos falsos” en la nueva categorización de los bosques nativos de la Provincia del Chaco, agregando zonas de bosques Categoría I (rojo) donde no existe tal formación por un lado, y por otro quitando el estatus de Categoría II, bajando a Categoría III extensas zonas que debían por mandato legal, y por condición de conservación, mantenerse dentro de la Categoría II.
“La maniobra alcanzó a sumar como superficie roja a los Parques Nacionales cuando la Autoridad Nacional de Aplicación comunicó expresamente a la provincia que no correspondía su inclusión en el OTBN por no pertenecer la competencia de su fiscalización a la jurisdicción provincial”, indicó la asociación. Los tres parques nacionales de la provincia, según se indicó en la denuncia, fueron incluidos para dar una impresión de sumar mayor superficie protegida bajo categoría roja.
El nuevo OTBN impulsado, entre otros, por Olivares representa la mayor regresión y pérdida de categoría de conservación de bosques nativos de la historia de la Ley Nacional 26.331, con alrededor de 420.000 hectáreas de bosque nativo que pierden su categoría de conservación.
La gestión de Olivares dio continuidad a la “ilegalidad de la gestión de Miguel López” respecto a las recategorizaciones prediales que permitieron transformar grandes superficies de zonas amarillas en zonas verdes, aptas para desmontes.
Dichas recategorizaciones comenzaron en 2012 y su mayoría ocurrió en 2013 pero entonces llegaron a los medios de comunicación y muchos de los desmontes no se ejecutaron. “Es en la gestión de Luciano Olivares que se otorgan y ejecutan varios permisos de desmonte en áreas que, según el OTBN, no eran aptas para tal fin. En 2018 la noticia llega nuevamente a los medios de información con nuevas denuncias del Centro Mandela, Greenpeace y otras organizaciones”, recordó la AAdAA.
El Centro de Estudios Nelson Mandela realizó el listado completo de las disposiciones firmadas por Olivares, cuando aún era subsecretario de Recursos Naturales Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”, frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutarán los desmontes.
La asociación de abogados fue clara al considerar que la Dirección de Bosques del Chaco “trabaja como una maquinaria que tiene el reprochable propósito de emitir permisos y asegurar negocios personales, a costa de violentar la misma Ley de Bosques”.
Para los denunciantes, una de las razones no dichas de la sanción del nuevo OTBN es burlar la decisión judicial que paralizó los desmontes, resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en noviembre de 2020, hasta que se actualice la Ley de Bosques. “Es decir tratar de legalizar la ilegal acción de la destrucción del patrimonio natural que constituyen esas zonas protegidas”, señalaron.
“En definitiva, la decisión ambientalmente regresiva, socialmente ilegítima y jurídicamente ilegal de habilitar desmontes sobre cientos de miles de hectáreas en el Impenetrable Chaqueño está generando una nueva ola de acaparamiento de tierras fiscales y privadas por parte de privados que se enriquecen notablemente. La posibilidad que otorga de desmontar en suelos vírgenes aumenta el valor de la tierra y con ello genera una fiebre de robo de tierras públicas y especulación inmobiliaria”, afirmaron.
Engranaje
Para los abogados ambientalistas, Olivares es un “engranaje fundamental en las maniobras delictivas que denunciamos dado sus múltiples roles asumidos desde que era funcionario de Desarrollo Forestal”.
Además de los permisos otorgados al actual ministro Halavacs, la AAdAA indicó que las irregularidades realizadas por Olivares también se pueden encontrar en su activa intervención en la administración de fondos públicos para la conservación de bosques “y que en realidad se otorgaban discrecionalmente y sin el fin para el cual habían sido dispuestos por el Estado Nacional”.
Estando al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Olivares dispuso el “redireccionamiento de casi el 60% de las sumas de dinero del Fondo Fiduciario de Bosques Nativos -recibidos conforme lo estipulado por la Ley Nacional 26.331- a la Asociación de Productores Industriales y Forestales (APIF), presidida actualmente por Fabián Ulrich, que debían ser destinados a compensar a tenedores y aquellos propietarios de bosques nativos que contribuyen a cumplir los objetivos de conservación previstos en esa norma, extremos que no se cumplieron en el caso, toda vez que la APIF no solo no revestía ese carácter sino que tampoco contribuye a la conservación de los bosques y el respeto de las comunidades. Los involucrados incurrieron en, cuanto menos, el delito de defraudación contra la administración pública. Corresponderá profundizar la investigación a efectos de determinar la eventual comisión del delito de lavado de activos”.
Y eso no es todo: acusaron a Olivares de disponer el otorgamiento de sumas de dinero del Fondo Verde por el Clima, recibidos en virtud de un convenio celebrado con el Estado Nacional, por alrededor de 500.000 dólares, a la Asociación Meguesoxochi, vinculada al diputado provincial del NEPAR, Juan José Bergia, y el Intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, que debían ser destinados a proyectos de manejo sustentable y conservación e inclusión a comunidades originarias, finalidad simulada, ya que en dichas tierras se producen desmontes ilegales y explotación laboral a miembros de las comunidades”.
“Al igual que en los hechos puntualizados en el párrafo que antecede, los involucrados incurrieron en, cuanto menos, el delito de defraudación contra la administración pública y corresponderá profundizar la investigación a efectos de determinar la eventual comisión del delito de lavado de tales activos percibidos ilegítimamente”, acusaron desde la asociación de abogados ambientalistas.
CORRUPCION
RESISTENCIA Un fallo eléctrico provocó un incendio en ambulancia en pleno Hospital Perrando
un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.
El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.
El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.
Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.
Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.
Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.
Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.
El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.
CORRUPCION
Funcionario de Leandro Zdero puso a su hija en SECHEEP con un sueldo millonario
En los últimos meses, la provincia ha enfrentado un clima de descontento generalizado por los constantes cortes de luz y el aumento de las tarifas de electricidad. La figura de Germán Perelli, vocal de Secheep y conocido defensor de estas políticas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su repentino silencio ante una situación que afecta a miles de chaqueños. Muchos se preguntan, ¿dónde está Perelli y qué ha sucedido con su activa presencia en las redes sociales, donde solía defender los aumentos y justificar los cortes de luz?
Los problemas relacionados con el suministro eléctrico en la región no son nuevos. Con la llegada del verano y el incremento en el consumo de energía, la situación se ha agravado, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos ya han comenzado a recibir boletas de luz exorbitantes, lo que genera un clima de preocupación y frustración. A medida que se acercan las altas temperaturas, la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía se transforma en un temor real para muchas familias. En este contexto, la figura de Perelli, quien solía desbordar sus opiniones en las plataformas digitales, se ha caracterizado por su notable ausencia.
Esto resulta aún más llamativo considerando su actual estatus como funcionario del gobierno provincial, donde él y su hija perciben sueldos millonarios. Estos altos salarios, aliados a beneficios como vehículos oficiales, combustibles gratuitos y viáticos, contrastan fuertemente con la realidad cotidiana de los ciudadanos que luchan por hacer frente a tarifas eléctricas cada vez más difíciles de abonar. Mientras que las familias chaqueñas se ven obligadas a limitar el uso de la electricidad o a buscar alternativas para sobrellevar la carga económica, aquellos que deberían ser sus defensores parecen haber optado por un camino de silencio.
La ruptura en la comunicación de Perelli con la ciudadanía es inquietante. No solo se espera que un funcionario escuche las preocupaciones de la gente, sino que también articule respuestas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. La percepción de que se ha abandonado a la población en un momento crítico no solo alimenta el descontento, sino que también puede erosionar la confianza en las instituciones.
Como vocal de Secheep, Perelli tenía la responsabilidad de ser el puente entre la empresa y los ciudadanos, y su papel como defensor de los aumentos de tarifas y cortes de luz implicaba una rendición de cuentas hacia aquellos que se ven impactados por sus decisiones. La falta de visibilidad en este momento tan turbulento sugiere una desconexión alarmante entre las políticas de la empresa y las realidades de los ciudadanos, un hecho que no debería pasar desapercibido.
La pregunta que recorre las redes sociales y los espacios de diálogo en la provincia no es solo «¿dónde está Germán Perelli?», sino también qué harán las autoridades para abordar esta crisis eléctrica que amenaza con desbordarse. La exigencia de respuestas y soluciones es más urgente que nunca. La gente necesita saber que hay representantes que escuchan sus quejas y están dispuestos a actuar en defensa de sus derechos. En este momento, lo que se requiere es un método de comunicación más efectivo y empático por parte de aquellos que han sido elegidos para servir a la comunidad, en lugar de convertir sus cargos en privilegios desmedidos.
CORRUPCION
CHACO SON LA CASTA !!! Premio para los funcionarios que no funcionan? Leandro Zdero le consiguió otro cargo a Botteri Disoff
La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.
Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.
Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.
La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.
La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.
Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.
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