Tras el incremento anterior en la tarifa de los peajes, que elevó el precio de 300 a 900 pesos (200%), se impulsó una medida cautelar en la Justicia por

considerar que se incumplieron pasos legales obligatorios. El Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia hizo lugar a la medida y ordenó que se retrotrajera el valor, pero no se cumplió. De hecho, la Dirección Nacional de Vialidad apeló la medida, y en un nuevo fallo que se conoció la semana pasada, el juez Julián Fernando Benito Flores rechazó la excepción de incompetencia y declaración «inadmisible» de la apelación contra la cautelar. Pese a ello, no se cumplió con la orden judicial, sino que se aplicó el nuevo incremento en el peaje y se elevó la tarifa a 1.000 pesos, lo que sienta un precedente negativo de incumplimientos a los fallos judiciales por parte de organismos nacionales.

La fundación Consumidores Unidos del Chaco (Cucha), con el apoyo y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, logró una medida cautelar de la Justicia que frenaba el aumento anterior de las tarifas, de los dos peajes que funcionan en la ruta nacional Nº 16, el de Makallé y el del puente interprovincial General Belgrano, que es el que más interesa a los correntinos que cruzan a diario hacia la vecina provincial para trabajar y/o estudiar.

La decisión judicial ordenó la suspensión de la resolución Nº 66/2024 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por lo que se retrotraen los cuadros tarifarios a los valores que estaban vigentes antes del incremento. La presentación había sido realizada por la fundación Cucha, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Chaco como «amicus curiae».

El recurso de amparo presentado por Cucha planteaba dos irregularidades o falencias por parte de la DNV y la empresa Corredores Viales SA, porque no cumplieron con dos pasos previos necesarios para un aumento tarifario.

En primer término, no se realizaron las audiencias públicas correspondientes, tal y como lo establece la ley; y por otro, incumplieron con el pedido de la Defensoría del Pueblo del Chaco de que todo incremento debe ir acompañado por un plan de obras para las rutas concesionadas.

Precisamente, la cautelar del Juzgado Civil y Comercial 21, además de dejar sin efecto la resolución 66/2024 que aumentaba los valores de ambos peajes, obliga a la DNV y a Corredores Viales a que «implementen un procedimiento participativo -audiencia pública-, asegurando la efectiva participación de todos los ciudadanos, garantizando la accesibilidad y la transparencia en la fijación de las tarifas del peaje».

«En estos momentos de cierta liberalización y flexibilización del rol del Estado, no se pueden dejar de lado los procesos que requieren la intervención de la ciudadanía», aseguró Bernardo Voloj, defensor del Pueblo del Chaco; pero hasta el momento continúa sin cumplirse y siguen cobrándose las tarifas con los aumentos.