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Politica

En qué momento entrará en vigencia la Ley Bases tras su sanción definitiva en el Congreso

Los masivos cambios en la legislación y el paquete fiscal impulsado por Javier Milei entrará ahora en su fase de implementación. Los plazos y la reglamentación

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Después de 6 meses, el gobierno de Javier Milei logró finalmente la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal, lo que le dará nuevos “instrumentos” para llevar adelante la gestión. A partir de su votación, el Poder Ejecutivo quedó facultado para promulgar ambas normas e implementarlas.

La Constitución Nacional establece que el Presidente tiene dos métodos para promulgar una ley sancionada por el Congreso. Esta aprobación puede contar con aprobación expresa o tácita del Poder Ejecutivo (arts. 78 y 99, inc. 3).

– Promulgación por decreto: Javier Milei puede firmar un decreto que ponga en vigencia las leyes de manera inmediata.

– Promulgación de hecho: como establece el artículo 81 de la CN, si el Presidente no se pronuncia dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación de la norma, la legislación se promulga automáticamente.

En ambas situaciones, la ley debe ser publicada en el Boletín Oficial para entrar en vigencia de acuerdo a los plazos legales establecidos.

El tercer camino que puede elegir el Presidente es el de vetar la ley, de forma total o parcial. Como se trata de un proyecto clave para el plan de gobierno del Poder Ejecutivo, la primera alternativa no parecería ser algo probable ni razonable. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

En lo que respecta a la implementación de las leyes, según pudo averiguar Infobae, el Gobierno priorizará en una primera instancia la reglamentación de los capítulos fiscales. En particular, buscará restituir el Impuesto a las Ganancias, si es que esta norma no se judicializa y obtiene un fallo favorable para los sindicatos que buscan impugnarla. El otro punto que el Gobierno buscará reglamentar es la declaración de la emergencia para otorgarle facultades delegadas extraordinarias al Presidente.

Lo cierto es que el grueso de los ejes de ambos paquetes estarían vigentes recién dentro de dos meses, según señalaron fuentes de la Casa Rosada a este medio. Los libertarios quieren evitar expectativas desmedidas sobre la aplicación de las normas que tratan de impulsar desde el comienzo de la gestión libertaria.

“Algunos puntos son prioritarios, otros llevarán más tiempo, todo depende del área”, indicaron en Balcarce 50 en la previa de la votación. En el oficialismo hay cierta cautela por las previsibles impugnaciones a nivel judicial que preanunciaron durante el debate legislativo.

Consultado por la promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de avanzar en la reducción del Impuesto País si se aprobaba la Ley Bases, el presidente Javier Milei dio una explicación sobre el momento en que se implementarían todos los cambios tributarios emanados de dicha legislación.

“Efectivamente, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto”, sostuvo el mandatario.

El debate de la jurisprudencia tras la sanción de la Ley Bases

Hubo varios planteos de renombrados constitucionalistas que criticaron la aprobación de la Ley Bases que se logró en las últimas horas, que modificó algunos puntos del proyecto enviado desde el Senado. Estos juristas advirtieron por la presunta invalidez de las modificaciones que no fueron consideradas o tuvieron rechazos en la Cámara Alta, como los títulos III-Bienes Personales (por 37 votos negativos contra 31 votos afirmativos) y V-Impuesto a las Ganancias (por 41 votos negativos contra 31 votos afirmativos).

Según recuerda el sitio oficial de la Cámara de Diputados, el procedimiento de sanción de leyes constituye una “cuestión no justiciable”. En el famoso caso “Cullen c/Llerena” del año 1893 (Fallos 53: 420), la Corte rehusó examinar el procedimiento de sanción de un proyecto de ley de intervención federal (un proyecto similar había sido rechazado totalmente con anterioridad en el mismo año).

Esta postura de que el procedimiento legislativo es una cuestión no justiciable se mantuvo en los casos “Cía. Azucarera Tucumana S.A. c/ Provincia de Tucumán”, de 1924, y “Cía. Azucarera Concepción c/ Provincia de Tucumán”, de 1925 (Fallos 141:271 y Fallos 141:131).

Probablemente, las impugnaciones judiciales contra la Ley Bases lleguen hasta la Corte Suprema de JusticiaProbablemente, las impugnaciones judiciales contra la Ley Bases lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia

Años más tarde, en el caso “Petrus SA de Minas c/Nación Argentina” de 1948 (Fallos 210:855), la Corte ratificó esta doctrina al sostener “[q]ue el Poder Judicial si bien tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no las tiene para resolver sobre la forma como ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso”. Esta norma se trataba de un proyecto de ley de Código de Minería que creaba un impuesto y que tenía como Cámara de origen al Senado.

Sin embargo, cabe señalar que esta jurisprudencia sufrió un progresivo debilitamiento con el paso de las décadas. En el caso “Soria de Guerrero, Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”, de 1963, la Corte aceptó que podría declararse una ley inconstitucional si faltasen “los requisitos mínimos e indispensables” que condicionan la sanción de leyes.

Otro fallo en este sentido fue “Colella Ciriaco c/Fevre y Basset S.A”, de 1967, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de la promulgación parcial de una ley que alteró su unidad como cuerpo normativo orgánico. Finalmente, en 1998, se produjo el giro más acentuado en esta jurisprudencia con el caso “Nobleza Piccardo” (Fallos 321:3487). La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 23.905, que dispuso la extensión hasta el 31 de diciembre de 1991 del “Fondo transitorio para financiar desequilibrios fiscales provinciales”.

En este último caso, la Cámara de Diputados había enviado al Senado un texto en el que se prolongaba la vigencia hasta el 31 de mayo de 1991 y el Senado aprobó la extensión hasta el 31 de diciembre de ese año.

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CORRUPCION

Pagos Anticipados a Empleados Públicos: Un Escándalo Financiero en el Instituto del Deporte Chaqueño

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La administración pública, en su vasta complejidad, es un espacio donde se deben manejar con escrupulosa ética y transparencia los recursos del Estado. Hoy, en el contexto del Instituto del Deporte Chaqueño, nos encontramos ante un caso que ha causado gran revuelo y que exige un análisis profundo: los pagos anticipados a empleados públicos, específicamente a los señores Walter Adrián Rodríguez y Osvaldo Adrián Quirós, con un desembolso controversial de 34,5 millones de pesos cada uno.

 

Contexto del Instituto del Deporte Chaqueño

 

El Instituto del Deporte Chaqueño tiene la responsabilidad de promover y desarrollarse en el ámbito deportivo provincial. Con una estructura que incluye personal de planta permanente, está diseñado para ser un pilar en la formación y promoción de deportes en la región. Sin embargo, la reciente controversia ha puesto en tela de juicio la administración de sus recursos y la gestión de sus empleados.

La Revelación de los Pagos Anticipados

 

Los pagos anticipados por una suma total de 150 millones de pesos han desatado un escándalo sin precedentes. En un sistema donde los fondos públicos deben ser manejados con la mayor transparencia, nos encontramos con que estos 34,5 millones fueron depositados en cuentas personales de dos empleados, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética detrás de tales acciones.

¿Justificable el Anticipo?

 

La pregunta que todos se hacen es: ¿hay alguna justificación válida para estos pagos? Según los criterios de la administración pública, los anticipos salariales deben tener justificaciones claras, como necesidades específicas de financiación para proyectos relacionados con la actividad del empleado dentro de sus funciones. Sin embargo, el análisis de la situación revela un uso que podría clasificarse como impropio, sin ningún tipo de respaldo que acredite el uso de estos fondos.

Una Llamada a la Investigación

 

Es imperativo que este asunto no se tome a la ligera. La posible malversación de caudales públicos es, sin lugar a dudas, un delito que no solo afecta a la administración pública, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones. La administración pública, por su naturaleza, debe ser responsable ante la ciudadanía, que espera un manejo transparente y cuidadoso de sus recursos.

Sin lugar a dudas, la situación es alarmante. No es común que una suma tan considerable sea depositada de manera directa en cuentas personales, particularmente en el contexto de salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales. Este tipo de decisiones no solo son cuestionables, sino que también plantean interrogantes sobre el sistema de controles interno que debe existir en cada una de las entidades públicas.

La Reacción de la Opinión Pública

 

La población chaqueña, al enterarse de este hecho, ha reaccionado con indignación. Frases como “nos cagaron 150 palos” son reflejo de una frustración colectiva frente a la percepción de impunidad y corrupción en las instituciones. La pregunta que surge es: ¿qué pasos se deben seguir para corregir esta situación?

Exigencias de Transparencia

 

La respuesta radica en exigir mayor transparencia. La ciudadanía debe alzar su voz y demandar a las autoridades que realicen investigaciones exhaustivas y que se aplique la ley a todos aquellos involucrados. La falta de acción ante un caso tan grave podría dar lugar a un clima de desconfianza que, a largo plazo, perjudica no solo a la administración pública, sino a las políticas deportivas en la provincia.

Promover una Cultura de Ética Pública

 

Además, es fundamental que se promueva una cultura de ética pública donde se respete el papel del Estado como gestor de los intereses y necesidades de la población. Esto implica no solo la condena de actos irregulares, sino también la implementación de medidas preventivas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro. La capacitación de empleados públicos en ética y transparencia debe ser una prioridad.

Conclusiones

 

El escándalo de los pagos anticipados a empleados públicos del Instituto del Deporte Chaqueño es un claro llamado de atención para garantizar una administración pública confiable y responsable. La posible malversación de fondos públicos no es un tema que debería ser ignorado o minimizado; al contrario, debe ser investigado a fondo y llevado ante la justicia.

No se trata solo de la pérdida de dinero, sino de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La transparencia, la ética y la responsabilidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya la administración pública, asegurando que cada peso de los contribuyentes sea utilizado para el bien común y no para el enriquecimiento personal de unos pocos.

La historia de Pedro y su desilusión frente a la corrupción no es solo suya; es el reflejo de muchos ciudadanos que demandan un cambio. Es hora de actuar, investigar y restaurar la fe en el sistema.

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Politica

Gran Encuentro con la Militancia Peronista en Barranqueras

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En un reciente encuentro en Barranqueras, Juan Carlos Ayala, referente del justicialismo, compartió su visión sobre la situación actual del movimiento y la necesidad urgente de un verdadero acompañamiento a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados y a los ciudadanos en general. Ayala no solo abordó la situación crítica que enfrenta la sociedad, sino que también cuestionó la falta de acción decisiva que, a su juicio, debería estar liderando el justicialismo en este momento.

Desde el inicio de su discurso, Ayala dejó en claro que la preocupación por el presente y el futuro del movimiento justicialista es acuciante. «Este año se está por terminar y seguimos con la autocrítica, cuando lo que realmente deberíamos estar haciendo es trabajar por un nuevo Chaco, enfocado en la producción y el empleo, con propuestas renovadoras», señaló. Esta reflexión invita a una profunda evaluación de la estrategia del justicialismo en el contexto actual, donde las necesidades de la población parecen no estar siendo atendidas de manera efectiva.

El justicialismo, sugiere Ayala, tiene que superar el estancamiento y la complacencia. A pesar de los esfuerzos evidentes de militancia y dirigencia, él enfatiza que las obras y proyectos que supuestamente deberían estar beneficiando a la comunidad se ven empañados por «errores propios» y «soberbia». Es un reconocimiento que implica no solo una mundana evaluación de logros y fracasos, sino un llamado a la acción: «Si no revisamos los errores del pasado, corremos el riesgo de perpetuarlos en el futuro».

Ayala citó una frase del General Juan Domingo Perón que resuena con fuerza en el contexto actual: «Los hombres somos todos buenos, pero si se nos controla, somos mejores». Esta afirmación subraya la importancia de la accountability dentro de la política, insinuando que la falta de control y crítica interna ha contribuido al deterioro del movimiento. Para él, no se trata simplemente de criticar, sino de adoptar un enfoque constructivo que permita aprender de los errores y forjar un camino hacia adelante.

La defensa de las alianzas permanentes sobre las transitorias fue otro punto crucial en el discurso de Ayala. Afirmó que «las únicas alianzas permanentes son las económicas» y que las políticas, por su naturaleza, son cambiantes. Sin embargo, eso no debería ser un impedimento para que la militancia colabore eficazmente con todos los sectores involucrados, desde la política hasta el empresariado nacional y popular. Reiteró la importancia de la movilización y la organización como herramientas estratégicas para enfrentar la situación actual, especialmente en un contexto donde algunas organizaciones han sido estigmatizadas por la percepción pública.

En sus palabras, Ayala expone una visión esperanzadora, señalando que «cuanto más rápido se desahoguen los compañeros, mejor será la situación». Esto indica una clara voluntad de trabajar en favor de la base social del justicialismo, de entender sus necesidades y expectativas, y de actuar en consecuencia. Una vez más convoca a la militancia a unir fuerzas y trabajar codo a codo para avanzar hacia un futuro más prometedor.

El encuentro también destacó un dato alentador: la participación activa e interesada de los intendentes, con casi 40 presentes en la última reunión. «Estamos sembrando en un terreno que se va abonando hacia el futuro», comentó Ayala. Esto indica un cambio en la dinámica de la política local y la intención de fomentar un diálogo constructivo que involucre a todos los sectores.

Las reuniones continúan, con un plan claro de trabajo que incluye encuentros en Barranqueras, Resistencia y Sáenz Peña, poniendo énfasis en la importancia de cerrar debates y acordar cómo proceder en un contexto de incertidumbre. Ayala reafirma su compromiso y el de su equipo con la militancia, con la certeza de que, a través de un esfuerzo conjunto, podrán superar los desafíos que enfrentan.

En conclusión, el mensaje de Juan Carlos Ayala en Barranqueras es un llamado a la acción, una invitación a la reflexión y a la unidad dentro del movimiento justicialista. Consciente de los errores del pasado y firme en su deseo de construir un nuevo futuro, Ayala aboga por un justicialismo renovado, centrado en las necesidades de los ciudadanos y en la construcción de un Chaco más equitativo y productivo. La militancia tiene ante sí un desafío considerable, pero también una oportunidad invaluable para reconfigurar el rumbo del justicialismo, reafirmándose como una fuerza aliada de la sociedad.

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Politica

ESCÁNDALO EN LA JUSTICIA El Fiscal Sabadini pidió la recusación y apartamiento del Juez Mianovich en la causa «Tito» López

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El mismo día que se realizaron las indagatorias al «Clan» López, el Fiscal Federal Patricio Sabadini denunció «irregularidades» en el acceso al link donde permitía acceder a la videoconferencia de indagatorias. Visiblemente molesto, planteó ante Canal 9 que estas irregularidades eran «llamativas» en medio de una causa judicial tan sensible. Si bien en principio barajó la posibilidad de pedir la nulidad de las indagatorias, señaló que no era su intensión «burocratizar el proceso». Ahora, pidió la recusación y apartamiento de la causa del Juez Ricardo Mianovich. 

PATRICIO SABADINI AL TÉRMINO DE LAS INDAGATORIAS MOLESTO CON EL JUEZ MIANOVICH

«Estamos conectados desde hace media hora, esperando que nos dejen ingresar, y el juez decidió comenzar la audiencia sin la fiscalía presente», había contado a las cámaras de N9 el Fiscal Patricio Sabadini al término de las indagatorias que se realizaron el día martes 17 de septiembre. Con ello, el letrado abrió la puerta hacia un conflicto en el fuero Federal y acusó directamente al secretario del juzgado, Javier Pastore, por la gestión de las audiencias y la falta de comunicación. También señaló al Juez de la causa, el Dr Ricardo Mianovih manifestando que no era la primera vez que padecen situaciones como ésta.

 «Esto es un escándalo, y ya es la gota que colma el vaso. No podemos seguir permitiendo estas arbitrariedades», había precisado el Dr Sabadini anticipando que denunciaria al Juez por este hecho.

Finalmente, este miércoles realizó la presentación formal donde pidió «recusación y apartamiento» del Juez Mianovih y del Dr. .Javier Pastore. En sus fundamentos, el Fiscal Sabadini expuso: «quedó de manifiesto la parcialidad y el interés en la causa por parte del Sr. Juez habiéndose constatado una grave falta que tradujo un entorpecimiento y obstaculización de la oportuna intervención este Ministerio Público Fiscal como parte esencial en el proceso penal.»

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