Tras el fracaso de la primera y extensísima versión de la Ley Ómnibus, el Gobierno aceptó sentarse a negociar con la oposición dialoguista y ceder en algunos puntos clave.

Así, con un texto reducido a la mitad de artículos y un alcance más acotado en materia de desregulación económica y facultades delegadas, entre otras concesiones, el oficialismo logró este viernes la primera victoria parlamentaria del presidente Javier Milei.

Mientras que la propuesta original declaraba la emergencia y le otorgaba al Ejecutivo facultades delegadas en 11 materias, con un plazo de dos años prorrogables; el proyecto que finalmente se convirtió en ley las redujo a cuatro materias y el plazo a solo un año. Fue uno de los puntos más controversiales en las negociaciones, pero con los cambios incorporados, Milei obtuvo ese poder de maniobra.

Otro tema que hasta último momento generó ruido y puso en riesgo el avance las iniciativas fue el capítulo de las privatizaciones. La intención del Gobierno era que 41 empresas públicas quedaran sujetas a privatización, pero tras varias podas en distintas instancias parlamentarias, el texto final aprobó solo seis y quedaron fuera de la lista compañías estratégicas como Arsat, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. El oficialismo ya avisó que insistirá con la lista completa en próximos proyectos.

Además, se acotó la facultad del Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se dejó a los vinculados con la cultura fuera del listadolos que se podrán disolver. Y en materia de reformas del Estado, los gobernadores lograron que se apruebe la finalización de obras públicas avanzadas en más de un 80% su ejecución o que cuenten con financiamiento internacional.

Para el sector produtivo, además de cambios en el plazo de contrataciones de empleados, se redujo el alcance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nueve áreas. Para los jubilados, se eliminó de la ley el capítulo que modificaba la moratoria previsional.

Principales cambios que sufrió la Ley bases desde su texto original al aprobado por el Congreso

TN recopiló los principales cambios que fue teniendo la Ley Bases a lo largo de su debate.

Extensión, artículos y alcances

• El texto original contenía un solo proyecto de Ley Bases, con 664 artículos y seis anexos, pero el Gobierno decidió retirarlo cuando en el recinto los diputados comenzaron a tratar artículo por artículo, al considerar que modificaba su escencia.

• La segunda versión que envió a la Cámara baja se dividó en dos proyectos: por un lado la Ley Bases -que incluye los capítulos sobre desregulación económica, reducción del Estado e incentivos a grandes empresas-, que contenía 238 artículos y un anexo. Por el otro, el paquete fiscal -con cambios impositivos, como la reversión de Ganancias-, que contaba con 113 artículos.
• Tras su paso por el Senado, la Ley Bases se mantuvo en 238 artículos y un anexo y el paquete fiscal se redujo a 103 artículos.
• Finalmente, se convirtieron en ley la Ley Bases, de 238 artículos y un anexo y el paquete fiscal, de 103 artículos.

Facultades delegadas y declaraciones de emergencia

La propuesta original del Gobierno declaraba la emergencia y le otorgaba al Ejecutivo facultades delegadas en 11 materias: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. El plazo de vigencia era de dos años, prorrogables por otros dos años a su discreción, esto alcanzaba toda el mandato de Milei.

En el texto final que aprobó el Congreso, el alcance de las facultades delegadas se redujo a cuatro: administrativa, económica, financiera y energética. En tanto que el plazo se acotó a solo un año. También se incorporó que el Ejecutivo deberá informar mensualmente al Congreso respecto del ejercicio de estas facultades y sus objetivos cumplidos.

Privatizaciones

• El texto que el Gobierno envío al Congreso en diciembre incluía un listado de 41 empresas públicas sujetas a privatización. Fue uno de los puntos más fuertes de los debates.
• El proyecto que salió de la Cámara de Diputados incluía nueve compañías y, tras la poda del Senado, quedó reducido a solo seis: AySA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Enarsa e Intercargo.

• Quedaron afuera de las privatizaciones empresas clave, como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, los medios públicos y Arsat.

Organismos del Estado

• La versión que finalmente aprobó el Congreso amplió la lista de los organismos del Estado a salvo de la disolución incluidos los vinculados a la cultura.
• Se limitó la facultad del Ejecutivo de intervenirlos.
• Se determinó que no podrán disolverse 15 organismos, entre ellos el INTA, el INTI; el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Administración de Parques Nacionales, la CNEA y el Senasa.
• Se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

• En la versión original de diciembre, el RIGI no era un capítulo dentro de la Ley Bases, si no un anexo. En el proyecto acotado que el Ejecutivo envió al Congreso en marzo pasó a convertirse en un título más de la Ley Bases, con la misma cantidad de artículos que el anexo original.
• En la versión final que se aprobó este viernes, como cámara revisora, Diputados aceptó los cambios que incorporó el Senado.
• El RIGI no podrá ser aplicado a cualquier sector, como establecía el texto original, sino que quedó acotado a forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.
• El Senado incorporó la obligación de las empresas a destinar un mínimo del 20% del total del monto de inversión a proveedores locales, pero hizo una aclaración: esta normatuva regirá solamente en el caso de que “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
• El texto original establecía que los inversores, una vez cumplido el primer año de adhesión al RIGI, podrían disponer del 20% de las divisas de sus exportaciones; al finalizar el segundo año del 40%, y a completado el tercer año, del 100%. La versión final respetó los plazos solamente para la categoría “estratégicas de largo plazo” y definió como fecha de inicio en vez de la adhesión, la de la puesta en marcha del proyecto. Dentro del esquema de libre disponibilidad de divisas diferenciado, la categoría “no estratégica” tendrá una postergación de un año para cada uno de los tramos.

• Se reformuló el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen, que solo aplicará a las jurisdicciones que adhieran al RIGI.
• Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren empleen trabajadores locales.

Reforma previsional y monotributo social

Tanto en el proyecto original como en el acotado se eliminaba la útima reforma previsional dispuesta durante el Gobierno de Alberto Fernández. Según cálculos de la oposición, sin esta iniciativa no se podrían jubilar nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres. También se quitaba la categoría de monotributo social.

Con los cambios incoporados por el Senado, que finalmente la Cámara de Diputados convalidó, las dos iniciativas quedarán vigentes, al haber sido excluidos los dos capítulos que las contenían.

Modificaciones en materia laboral

• La versión original quedó acotada a 17 artículos, centrados en la eliminación del pago de multas por no registración de trabajadores; la ampliación del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral.

• Con los cambios incorporados, se podrán regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que entre en vigencia la ley, pero se incorporó que sea dentro de los 90 días.
• Los empleadores que regularicen trabajadores no podrán ser acanzados por una acción legal, ni infracciones, multas ni sanciones y serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
• El período de prueba se determinó a partir de la cantidad de trabajadores. Será de seis meses para las empresas con más de 100 empleados; de ocho meses para pymes que tengan entre seis y 99 trabajadores, y de un año para mipymes con hasta cinco empleados.
• El fondo de cese laboral será optativo y funcionará como una alternativa a las indemnizaciones. Sin embargo, se incorporó la obligatoriedad de que deba ser acordado entre los gremios y las empresas en los convenios colectivos de trabajo.

• En el texto aprobado se eliminó el artículo referido a la cuota sindical, que establecía que los gremios no podrían descontar parte del salario de los trabajadores no afiliados o que no dieran expresa conformidad para el descuento.
• Diputados eliminó el capítulo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” para el despido. El Senado lo volvió a incororar y fue aprobado.
• La versión final modificó el artículo del texto oroginal que definía que los trabajadores estatales con licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio podían pasar a disponibilidad hasta vencida la licencia. También determinó que se descontarán los días o las horas de huelga, sin ningún tipo de sanción administrativa.
• Entra la primera versión y la última, se eliminó el artículo que derogaba el estatuto del viajante de Comercio.

Tabaco

Sobre el texto original, Diputados eliminó el componente fijo del impuesto a los cigarrillos y elevó la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%. Así fue aprobado.

Blanqueo

• La versión aprobada estableció que se podrán blanquear hasta US$100.000 no declarados sin pagar multas y eliminó la posibilidad de que personas no residentes adhieran o que se permita la incorporación de bienes a nombres de terceros.
• También extendió de cinco a diez años el plazo para contabilizar quiénes quedan excluidos por haber ejercido cargos públicos, sus cónyuges, padres, hijos y hermanos, y excluyó a las principales contratistas del Estado.
• El texto final eliminó la posibilidad de blanquear criptomonedas e incorporó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

• Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% que pretendía el Gobierno, al 0,6%.

Capítulos sobre Defensa de la Competencia e Interior, Ambiente, Turismo y Deporte

La versión original del oficialismo de diciembre contenía un capítulo referido a reformas vinculadas con el Ambiente y otro sobre Defensa de la Competencia. El primero fue eliminado por completo en el texto acotado de Ley Bases que el Gobierno reformuló, mientras que el segundo fue quitado por el Senado. También se retiró todo lo vinculado a la pesca por un reclamo de los gobernadores patagónicos y el intendente de Mar del Plata.

Contratos y acuerdos transaccionales

En la versión final los cambios se hicieron sobre el título III, que determinó que que no podrán ser frenadas las obras públicas avanzadas en un 80% de su ejecución o que cuenten con financiamiento internacional.

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Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses

El texto final suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos, que habilitaba la venta de acciones.

Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales

• Si bien el Senado había rechazado ambos capítulos completos, por un acuerdo del oficialismo con la oposición dialoguista y con apoyo de los gobernadores del norte y centro del país, la Cámara baja los volvió a sumar en el dictamen de mayoría y los aprobó.
• Las versiones finales fueron las que había aprobado la Cámara de Diputados, como cámara de origen, con cambios sobre el texto original girado por el Ejecutivo.
• En el caso de Bienes Personales, el mínimo no imponible se incrementó de $27 millones a $100 millones.

• Se establecieron alícuotas progresivas, que van del 0,5% a 1,5%; se eliminaron las diferencias entre bienes locales y bienes en el exterior, y se establecieron beneficios para los contribuyentes cumplidores.

Gasto tributario

La versión final aliminó el artículo 111, que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos, como el regimen de Tierra del Fuego.