La constructora marplatense acusada de haber estafado a casi 200 familias en la entrega de viviendas confirmó a TN que está comprometida en devolverles la plata a los damnificados. El abogado de la empresa adjudicó los problemas para cumplir los contratos a la situación inflacionaria del país y advirtió sobre una posible quiebra.

Las denuncias por estafa comenzaron en marzo, pero algunos testimonios aseguran que los incumplimientos datan desde 2021. Hasta ahora son 178 los damnificados que se presentaron ante la Justicia y desde la constructora Polo aseguran que se les pagará con el dinero que ingrese de las viviendas que fueron entregadas.

Martín Ferrá se presentó como abogado de Nadia Díaz y Fermín Sánchez Cortijo, la pareja de jóvenes que fundó la empresa en 2019, y el 6 de junio respondió ante las denuncias por estafa. “Acompañé la prueba de descargo para justificar la inexistencia del delito de estafa, dado que se trata de un incumplimiento de contrato de asociación civil”.

Desde la empresa aseguran que no se trata de una estafa, ya que durante los cuatro años de vida que tiene la constructora se entregaron 300 viviendas. “Son jóvenes argentinos emprendedores que trabajaron durante varios años en constructoras y se montaron su propia pyme”, señaló Ferrá.

El defensor de la constructora explicó que “las cuestiones inflacionarias del último gobierno y la devaluación del gobierno actual” provocaron el incumplimiento en la entrega de viviendas. “Estas dos cuestiones dieron por resultado una elevación del índice de costos de la construcción del 265% interanual en el último año”, explicó el abogado.

Ferrá confirmó la versión que había dado Rebeca Sánchez, abogada de los denunciantes, de que la empresa vendía casas financiadas en pesos con un mínimo interés y justificó ese financiamiento en que “la gran mayoría de gente que accedía era de clase media baja”.

“Son casas económicas y prefabricadas, para muchos es una solución.”, señaló. Sin embargo, aclaró que no todas las personas estaban pagando su primera casa: “Mucha gente compró casas de esta naturaleza (prefabricadas) para utilizarla como casas de fin de semana”.

El abogado de la constructora Polo contó que a causa de la inflación interanual superior al 200%, la empresa “no podía reponer los materiales para seguir entregando viviendas”, por lo que empezó a “hacer uso de las prórrogas que había en los contratos”. “Notificaron que se hacía uso de esos 180 días”, señaló.

Ahí es cuando comienza el cruce de versiones entre los denunciantes y la empresa. Desde los damnificados aseguraron que en ese tiempo la constructora dejó de responderles e incluso cerró las puertas de una de sus sedes. “Dijeron que había cerrado por vacaciones”, señaló la abogada Rebeca Sánchez a TN.

Sin embargo, Martín Ferrá dijo que la empresa tuvo que cerrar sus dos sucursales porque “empezaron con agresiones y corría riesgo la vida de los empleados”. “Se llevaron hasta los aires acondicionados. No digo que hayan sido todos, pero fue un grupo numeroso de 20 o 30 personas”, relató el abogado, quien adelantó que hay una denuncia porque una empleada recibió un piedrazo en la espalda.

En medio de los escraches contra los dueños de la empresa que se dedica a la construcción de casas prefabricadas y las supuestas agresiones contra las dos sucursales que están en puntos neurálgicos de Mar del Plata, comenzó la ola de denuncias y se inició el expediente judicial por estafa.

Contratos sin escribano, dinero en efectivo y el avance en las construcciones: la respuesta de la empresa

Entre las diferentes denuncias que presentaron los damnificados, algunos de ellos aseguraron que la constructora les firmó contratos sin la presencia de un escribano y otros aseguraron que les hacían descuento si pagaban en efectivo. Sin embargo, desde la empresa desestimaron las acusaciones.

“Los contratos son todos originales, los firmaba la empresa con cada cliente. Todos los contratos están presentados en la fiscalía y la facturación que se les hacía era la oficial. Muchos de los pagos eran por depósitos bancarios”, señaló Ferrá sobre las denuncias.

En ese mismo sentido, el abogado explicó que “se extendía la factura de los pagos que se hacían al contado” y aseguró que “no era la operatoria habitual de la empresa” entregar un recibo no oficial. “Nadie en su sano juicio paga una casa si no te extienden un recibo ni un contrato como corresponde”, remarcó.

También hay un cruce de versiones con respecto al avance en las construcciones y los pagos de los clientes. La abogada que representa a los denunciantes señaló que “el 90%% de los damnificados no tiene nada” y que “el otro 10% se divide entre los que apenas tienen una tosca y otros con una platea”, pero los representantes de la constructora plantean otra situación.

“Hay 165 viviendas pendientes de entrega. La gran mayoría tiene el 35% o 40% terminado porque se construyó la platea, la base”, señaló Ferrá. A su vez, detalló que “19 clientes pagaron el 100% del valor y el resto solo pagó el 50%”.

La batalla legal: el cruce por la devolución de la plata y la posibilidad de la quiebra

El abogado de la constructora explicó que la empresa Polo operaba a través de dos sociedades anónimas: Arraial S.A. y Cozzu. S.A. La cuenta de esta última es la que está habilitada para recibir el dinero de los 300 clientes que hasta el momento recibieron su casa, según explicó Ferrá.

“Esa cuenta está inhibida para no sacar dinero. Es el día de hoy que la gente me llama para preguntar donde depositan y les digo que sigan depositando para que esos fondos queden ahí y con ese dinero se empiece a devolver”, detalló el defensor.

La estrategia de la empresa es devolverles la plata a los damnificados con los saldos a cobrar de las 300 personas que tienen su casa. Ahí es donde comienza el cruce de versiones entre los abogados de ambas partes sobre los montos que se deben pagar.

Según la defensa de la constructora marplatense, “los saldos a cobrar son 329 millones de pesos y lo que deberían devolverle a los clientes es 315 millones”. “Con esta plata que le tiene que ingresar a la empresa alcanza y sobra para pagarles”, agregó.

Sin embargo, TN se comunicó con Rebeca Sánchez, la abogada de los denunciantes, quien adelantó que lleva el cálculo de 80 clientes y suma hasta el momento más de 17 mil millones de pesos. “Vamos a superar los 20 mil millones de pesos y quiere devolver el dinero con 320 mil dólares”, deslizó Sánchez, quien aseguró que presentará los números en la causa con sus respectivos recibos.

Ante este cruce de versiones sobre los montos, desde la empresa adelantaron que ofrecieron a los dos contadores para declarar -al igual que a los dos abogados- y advirtieron que pondrán un perito contable de parte, además del de la fiscalía.

El argumento del abogado de los acusados es que no se trata de un delito penal y que la causa debe remitirse a la justicia civil para que haya una mediación: “Está demasiado claro, los ahogó la crisis económica y llegaron a la quiebra. Todo está regulado por el derecho civil, no es un capricho”, dijo quien ofreció para declarar a diez clientes que recibieron viviendas y a diez tercerizados de los constructores.

“Los delitos de naturaleza económica se pueden mediar. Lo que tienen por cobrar lo van a devolver. La plata no está en una cuenta en Estados Unidos, está en las 300 casas construidas y en las que se comió la inflación”, aseguró Ferrá.

En esa línea, justificó: “Si todos los juicios superan el presupuesto de la empresa, habrá un concurso de acreedores. La abogada debería saber que los incumplimientos contractuales son de índole civil. Acá hay situaciones de causa mayor, era imposible prever este defasaje económico”.

Por último, la defensa de la constructora deslizó la posibilidad de que la empresa declare la quiebra: “Si los 178 clientes con crédito a su favor, debería alcanzarle para todos. Pero donde no nos pongamos de acuerdo, esto va a terminar en un concurso preventivo de acreedores o una quiebra”.